Una evaluación de nuestra democracia

Ahí va un dilema: ¿Cómo podemos evaluar el estado de nuestra democracia? Y aquí les va una pista: nomás hay que ver los deberes que encaran las autoridades electorales.

Tomemos como ejemplo el Estado de México. Ante el inicio de las campañas, los preparativos del Instituto Electoral local consisten en exigir al gobernador, el babysaurio Enrique Peña Nieto, y a los alcaldes que retiren su propagandas de las calles; enviar un documento a todas las autoridades para que suspendan la difusión de sus spots en diversos medios de comunicación; y organizar un ejército de 300 personas para monitorear las publicidad y vigilar que nadie rebase los topes de campaña.

Si se dan cuenta, todas son medidas preventivas ante eventuales violaciones a la ley electoral –mismas que siempre ocurren-, lo que constituye un indicativo del modo en que en nuestro país se hace la política y se conducen las campañas: es una cultura de pasar por encima de la ley. Y las evidencias saltan a la vista de todos en cada elección: los gobiernos se las arreglan para burlar la ley y que parte de su propaganda permanezca visible (como convencer a particulares de que coloquen anuncios de sus partidos en sus propiedades, casos en los que la autoridad electoral no tiene facultad para intervenir); se las apañan para difundir spots que “casualmente” se interpretan a favor de los candidatos de sus partidos mediante lemas engañosos; y rebasan, con creces, los topes de campaña. De hecho, el Instituto Electoral se ha acostumbrado a imponer multas a los partidos al final de cada elección por rebasar los citados topes.

La conclusión es contundente: a México todavía le falta camino por recorrer para que pueda contar con una democracia sólida y confiable.